La satanización de la minería artesanal y pequeña minería en el Perú
En el Perú, desde hace más de 1,000 años, se ha explotado y producido oro, plata, cobre y otros productos mineros de manera artesanal. Tal riqueza minera natural atrajo, en gran medida, la llegada de muchos colonizadores e inmigrantes entusiasmados por la abundancia de recursos naturales con la que cuenta nuestro país. La frase “Vale un Perú” acuñada en la época del Virreinato del Perú es un reflejo de esta riqueza inconmensurable. Esta riqueza se confirma con la gran contribución a la economía nacional de las diferentes exportaciones mineras que representa el principal aporte al PBI peruano.
Si a esa riqueza geológica le sumamos la tecnología disponible actualmente, la subida de los precios, el espíritu emprendedor de los peruanos emergentes, la necesidad de empleo, y la combinamos con un Estado ausente en la mayor parte del territorio, que emplea normas y procedimientos imprácticos, excesivos y abusivos, no nos debe extrañar lo que estamos viviendo en la minería artesanal y pequeña minería nacional: la informalidad e ilegalidad en el sector más importante de la economía nacional. Para terminar de complicar la situación, por acciones delictivas de un grupo, se margina y sataniza al pequeño productor, calificando sin sustento su actividad como una más nociva que el narcotráfico, porque los ingresos que generan la pequeña minería son mayores a los del narcotráfico, actividad a todas luces criminal.
Actualmente se calcula que los pequeños mineros y mineros artesanales generan anualmente más de US$5,000 millones, ingresos muchos de los cuales no tributan y terminan en países vecinos, exportándose el mineral en bruto que es transformado en esos países.
Por ello proponemos lo siguiente:
- Hacer un censo nacional para ubicar y georreferenciar los 85,000 REINFOS existentes e identificar a las estimadas 500,000 personas que viven de la actividad minera (pequeña y artesanal) y de las concesiones debidamente entregadas superpuestas a lo levantado en el censo propuesto.
De la evaluación realizada, encontraremos los siguientes casos distintos: (i) áreas libres o extinguidas de libre denunciabilidad para desarrollar la actividad, (ii) áreas con concesiones mineras otorgadas sin explotación actual, (iii) áreas concesionadas con actividad minera en el mismo lugar y (iv) concesiones sin explotación alrededor de zonas con explotación. Como es evidente, cada caso debe ser tratado de forma diferente, como corresponde a la naturaleza de cada uno.
El primer caso, el Estado debe establecer una zona especial para el desarrollo de la actividad minera donde los mineros artesanales y pequeños se agrupen y sean responsables de trabajar respetando el medio ambiente y las normas de seguridad que exige la ley.
En el segundo caso, los mineros deberán celebrar cualquier tipo de acuerdo o contrato con los titulares de las concesiones mineras, en los cuales se comprometan a trabajar cumpliendo las normas y estándares aplicables, en el área indicada por el dueño de la concesión y a vender el mineral al propietario y/o empresa que este indique, para asegurar la trazabilidad del mineral.
En el tercer caso, los mineros deben retirarse de las áreas que no les corresponden, salvo acuerdo entre las partes. Los mineros tendrán la posibilidad de trasladarse a las zonas especiales indicadas en el primer caso descrito.
- Las áreas libres para el desarrollo de la pequeña minería y la artesanal, se explotarán a través el otorgamiento de zonas especiales. Se propone que dichas zonas queden exceptuadas del pago de derechos de vigencia durante los cinco (5) años siguientes a la formulación del petitorio, como medidas de promoción de la formalización.
- Para las empresas que logren acuerdos con los mineros artesanales, se concedería una ampliación de la capacidad de producción de PPM a 1,000 tpd, si contasen con plantas de procesamiento y adquieren el mineral, asegurándose la trazabilidad deseada.
- La SUNAT y el Banco de la Nación deben tener presencia en las zonas correspondientes, para facilitar el comercio y el establecimiento de un impuesto único a la renta, de no más del 5%, para los mineros formalizados. Dicho impuesto se cobraría vía la antigua Liquidación de Compra, al momento de la venta del mineral.
- Las supervisiones y fiscalizaciones en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo deberán ser tercerizadas a empresas supervisoras debidamente registradas y acreditadas ante el MINEM.
- Las liquidaciones de compra deben ser introducidas, quedando facultados a emitirlas los compradores y todos aquellos titulares de concesiones de beneficio. Esto eliminaría la mafia de los “Facturadores” y las plantas procesadoras regresarían nuevamente a ser agentes de retención del Impuesto a la Renta. Además, la comercialización del mineral regresaría a valores reales, ya que no se inflarían los costos para evitar las solicitudes de devolución de detracciones. Adicionalmente a la mayor recaudación tributaria del Estado, sería más fácil identificar el origen lícito de mineral.
- La empresa que firme contratos de explotación con los mineros artesanales, y cumpla con lo señalado en los párrafos anteriores, tendrá una exoneración del pago de derechos de vigencia y penalidades durante los dos (2) años consecutivos siguientes a la suscripción del contrato de explotación, en la concesión donde se firmó el contrato.
- Los mineros artesanales, titulares de una autorización de beneficio sin contar con una concesión de beneficio, deben adecuarse a la presente Ley y solicitar, en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario de su entrada en vigencia, una concesión de beneficio ante la DREM/GREM correspondiente. PERFECTO.
- Para la adquisición, comercialización, transporte y uso de explosivos y materiales relacionados para los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, debe adjuntarse una carta del titular de la concesión minera confirmando su aprobación. El explosivo solo debe usarse en el lugar indicado, caso contrario se le excluye del proceso de formalización, todo esto se reglamentara respecto a ley.
- Proponemos que en diciembre del 2024 se cierre el proceso de formalización que se mantienen en curso y que solo puedan acogerse hasta junio del 2025 los que firmen un acuerdo con los titulares de las concesiones mineras.
Implementado lo expresado esperamos formalizar 50,000 empresas individuales que emplean cada una un promedio de 10 personas. Esta formalización comprende un acuerdo con los propietarios, el respeto al medio ambiente y a la seguridad de las personas, la eliminación de la trata de mujeres y de niños, y la construcción, operación y mantenimiento de centros de salud y de educación.
Se recaudarían US$500 millones anuales de Impuesto a la Renta y una cantidad semejante de IGV. En paralelo, se generaría empleo de manera directa e indirecta de MYPES y PYMES alrededor de las zonas de explotación.
No debemos seguir horadando en el problema de la minería artesanal y pequeña. Hay que buscar la solución a un problema socio-económico que bien puede traer beneficios y empleo para un país en el que hay pocas fuentes de generación de riqueza y trabajo. Es perverso satanizar esta actividad por unos malos elementos que deben ser ubicados, sancionados e impedidos de operar más. Lo inteligente y productivo, en todo caso, es darle una salida legal a esta actividad, que permita ordenarla, promoverla, desarrollarla y que los beneficios se multipliquen en función de los recursos actuales favoreciendo a todos los peruanos: los de arriba y los de abajo.
